AS 007-2000 | Rendición de cuentas

AUTO SUPREMO N:007/2000

FECHA AUTO:2000-01-17

200001-Sala Civil-1-007 

Rendición de cuentas 

Amalia Guzmán Arteaga c/ Gustavo Guzmán Arteaga 

Distrito: Beni 

SENTENCIA

Dentro del proceso ordinario de hecho sobre rendición de cuentas, que sigue Amalia Guzmán Arteaga, contra Gustavo Guzmán Arteaga.

VISTOS: A fs. 8 y vta. de obrados, Amalia Guzmán Arteaga, por la vía voluntaria, interpone demanda sobre rendición de cuentas contra Gustavo Guzmán Arteaga, ante el Juzgado 2º de Instrucción en lo Civil de acuerdo a los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

I.- Que Amalia Guzmán Arteaga fue declarada, junto con su hermana Donatila, heredera ab intestato de la testamentaria "Emilia Arteaga Franco", según consta por el testimonio cursante de fs. 1 a 4 de obrados y, su hermano Gustavo Guzmán A., aprovechándose de la salud mental de su señora madre, dispuso a discreción de todos los bienes que poseía su madre consistente en: un fundo rústico denominado "Campo Grande", ubicado en el cantón San Pedro de la Provincia Cercado del Departamento del Beni, con más los semovientes que pastaban en su propiedad rural y, un bien inmueble urbano ubicado sobre la calle Tarija y Mamoré de Trinidad.

Que con la finalidad de conocer el destino de su hermano le dio a los bienes nombrados y a todos los demás que constituían la masa hereditaria de su madre, Emilia Arteaga Franco; y amparándose en lo dispuesto por el art. 687 y sgtes. del Cód. Pdto. Civ., formaliza demanda de rendición de cuentas contra su hermano Gustavo Guzmán Arteaga, para que dentro de los ocho días siguientes a su legal citación, rinda esas cuentas con documentación legal de todos los bienes y derechos que pertenecían a su difunta progenitora. Que admitida la demanda de fs. 9, se dispone la citación del demandado de acuerdo a lo previsto por el art. 688 del Cód. Pdto. Civ., para que rinda cuentas dentro del plazo de ley.

II.- Que a fs. 21 el demandado Gustavo Guzmán Arteaga responde dentro del término legal expresando lo siguiente:

Negando categóricamente las acusaciones vertidas por su hermana en la demanda principal porque a la muerte de su madre no existía ningún bien que se repute como hereditario, según se acredita por la documentación que acompaña consistente en un testimonio Nº 55 de 4 de marzo de 1987, escritura pública de compraventa de fundo rústico "Campo Grande" que le hiciera su madre y testimonio de Derechos Reales de 12 de septiembre de 1983 de la compra de un inmueble sobre la calle Mamoré que le hiciera Wálter Pedraza Saucedo; con relación al hato de ganado, jamás fue de la familia de su madre, sino que ese ganado le fue entregado al partido por Sergio Cholima e Ignacio Montenegro y por todo lo expuesto y documentalmente demostrado, solicita que dicte la correspondiente resolución rechazando la pretensión de la demandante.

Que a fs. 22 vta. se corre en traslado a la demandante la contestación del demandado.

III.- Que a fs. 24 la demandante contesta el traslado diciendo que, el demandado trata de burlar las disposiciones legales que rigen la materia; y que en ese afán ha presentado supuestas transferencias que en su oportunidad demostrará que son fraudulentas.

Que tanto el demandado como su persona son conocedores que no se ha efectuado ningún pago por el precio de la transferencia, tanto del fundo rústico como del inmueble de la calle Mamoré y de los semovientes que dispuso a su cargo. En consecuencia, dentro del término señalado por el art. 690 del Cód. Pdto. Civ., rechaza la rendición de cuentas efectuada por Gustavo Guzmán Arteaga, solicitando que en aplicación del art. 693 del cuerpo legal antes citado, se declare la contención de la causa para que se tramite por la vía ordinaria y se remita obrados ante el Juez de Partido de Turno en lo Civil de la Capital.

IV.- Que mediante auto cursante a fs. 24 vta., de conformidad con lo dispuesto por el art. 693 del Cód. Pdto. Civ., se declara la contención de la causa, debiendo de remitirse el proceso de oficio, ante el Juez de Partido de Turno en lo Civil, por la naturaleza del hecho y la cuantía indeterminada.

Que a fs. 26 vta. de obrados, el proceso es radicado en el Juzgado 3º de Partido en lo Civil de la Capital.

V.- Que a fs. 27 Amalia Guzmán Arteaga se apersona ante el juzgado correspondiente, ratificándose en los extremos de su demanda principal, solicitando que se prosiga con el trámite de la causa.

Que a fs. 27 vta. se corre en traslado la oposición al demandado Gustavo Guzmán Arteaga para que la conteste en el plazo de quince días que señala el art. 345 del Cód. Pdto. Civ.

VI.- Que a fs. 32 Gustavo Guzmán A. contesta el traslado dentro del término de ley, ratificándose en todo lo actuado en el proceso voluntario ante el Juzgado 2º de Instrucción en lo Civil; negando acción y derecho a su hermana demandante, ya que nunca fue, ni será administrador de bienes conjuntos de su hermana; y que no se ha cumplido en lo más mínimo con lo establecido por el art. 687 del Cód. Pdto. Civ., por lo tanto no tiene ninguna obligación de rendir cuenta de los supuestos bienes fincados al fallecimiento de su señora madre, puesto que no existía ningún bien que se repute como hereditario, tal como se demuestra en la documentación que ha aportado como prueba durante el proceso voluntario.

VII.- Que a fs. 35 vta. mediante auto se traba la relación procesal inmodificable, calificándose el proceso como ordinario de hecho, abriéndose un período de prueba de cuarenta días común a las partes, dentro del cual el actor deberá probar: 1) Qué bienes tiene o dejó la testamentaría "Emilia Arteaga Franco" adjuntando los respectivos títulos de propiedad. 2) Que Gustavo Guzmán A. dispuso en forma arbitraria de los bienes a su madre Emilia Arteaga Franco, aprovechándose el estado mental en que se encontraba. 3) El estado deficitario de las facultades mentales de Emilia Arteaga Franco antes de su deceso y la duración de su enfermedad. 4) Que el administrador de los bienes de Emilia Arteaga Franco, en vida, era su hijo Gustavo Guzmán Arteaga. Por su parte el demandante deberá probar lo contrario.

Que el período de pruebas se inició en 18 de enero, según consta por la notificación cursante a fs. 36 de obrados.

Que a fs. 103 vta. se declara clausurado el término probatorio, y se dispone la entrega de los expedientes de los abogados de las partes litigantes.

Que a fs. 107-109 y 111-114 vta., se tienen las conclusiones de las partes litigantes; y a fs. 116 se dicta autos para sentencia.

CONSIDERANDO: Que la parte demandante ha aportado las siguientes pruebas durante el transcurso del proceso: a fs. 1-4 testimonio de declaratoria de herederos franqueado por el Juzgado 1º de Instrucción en lo Civil; a fs. 5-6 testimonio del Título Ejecutorial Nº 423212, expedido por Derechos Reales de la Capital; a fs. 7 una copia simple de un memorial de reinscripción de marca; a fs. 41 fotocopia simple de un comprobante de pago; a fs. 42 un sobre cerrado con el interrogatorio propuesto por el demandante para la confesión provocada del demandado; a fs. 48-49 la confesión provocada de Gustavo Guzmán Arteaga; a fs. 50 una fotocopia legalizada de una tarjeta prontuario de Emilia Arteaga Franco; a fs. 53 una fotocopia legalizada de un comprobante de pago; a fs. 54 fotocopia legalizada de un formulario de Catastro Rural de Bolivia; a fs. 55 una fotocopia legalizada de una minuta de transferencia; a fs. 56 y 57 vta.; fotocopia legalizada de un instrumento público Nº 55 de transferencia del fundo rústico "Campo Grande"; a fs. 61-62 vta., 83-84 se tienen las testificales de Doris Chávez Ribera de Arteaga, Elda Chávez Ribera vda. de Antequera, Pablo Diez; a fs. 85-88 copias simples de comprobantes de pago de impuestos.

Que la parte demandada ha aportado las siguientes pruebas: a fs. 15-16 fotocopia legalizada del testimonio de inscripción en Derechos Reales de una escritura pública de transferencia de un inmueble urbano; a fs. 17-18 fotocopia legalizada del testimonio de inscripción en Derechos Reales de una escritura pública de transferencia de un inmueble urbano; a fs. 19-20 fotocopia legalizada del testimonio Nº 55 de la escritura de transferencia del fundo rústico "Campo Grande"; a fs. 70-71 certificado de inscripción de marcas; a fs. 75-80, 100-101 se tiene las testificales de Dora Chávez Ortiz de Parada, Enrique Arce Ortiz, Pablo Noza Pasema.

CONSIDERANDO: I. Hechos probados.- De relevancia, para la solución del presente caso, se tienen los siguientes:

a) La parte actora Amalia Guzmán Arteaga, fue declarada heredera forzosa de los bienes, acciones y derechos de la testamentaría "Emilia Arteaga Franco", conjuntamente con su hermana Donatila Guzmán Arteaga en 19 de diciembre de 1997, toda vez que su madre falleció en esta ciudad el 31 de octubre de 1997 (ver testimonio de fs. 1 a 4 de obrados). Siendo el demandado Gustavo Guzmán Arteaga también hijo de la de cujus Emilia Arteaga vda. de Guzmán (testimonios de fs. 19, 55 a 57 de obrados).

b) El demandado Gustavo Guzmán Arteaga es propietario legítimo del inmueble urbano sito sobre la calle Mamoré, entre Ejército y Tarija, que lo hubo por compra a Wálter Pedraza Saucedo; así como también el fundo rústico "Campo Grande" que hubo por compra a doña Emilia Arteaga vda. de Guzmán en 20 de febrero de 1987, siendo inscrito en DD.RR. Ptda. Nº 23 del Libro de Propiedades de la Provincia Moxos del 5 de marzo de 1987 (ver testimonios de fs. 15 a 20 y 53 a 57 de obrados).

c) Que en vida Emilia Arteaga Franco era propietaria del fundo rústico "Campo Grande" (testimonio de fs. 5 a 6) donde tenía ganado vacuno (fs. 85 a 88) y que en 4 de marzo de 1987 lo vendió onerosamente a su hijo Gustavo Guzmán Arteaga por la suma de Bs. 10.000.- (testimonio de fs. 19 a 20).

II.- Hechos no probados.- Como tales tenemos los siguientes:

a) Que se hubiere demostrado documentalmente que Gustavo Guzmán Arteaga fuere el administrador de los bienes de la que en vida fue Emilia Arteaga Franco vda. de Guzmán. Toda vez, que en el proceso no existe elemento de convicción alguna que demuestre que haya sido administrador.

b) Los bienes dejados por la testamentaria "Emilia Arteaga Franco". De la prueba evacuada se tiene el inmueble sobre la calle Mamoré que es de propiedad de Gustavo Guzmán Arteaga. Así como el fundo rústico "Campo Grande" que lo obtuvo mediante compraventa (fs. 15 a 20).

c) El estado deficitario de las facultades mentales de Emilia Arteaga Franco (ver literal de fs. 93 y testificales de fs. 75 a 80 y 100 a 101).

CONSIDERANDO: De todo lo relacionado y después de hacer un análisis exhaustivo, de acuerdo con lo previsto por los arts. 1286 de Cód. Civ. y 397 de su Procedimiento, se llega a las siguientes conclusiones:

1) Que la actora Amalia Guzmán Arteaga no ha demostrado que su hermano Gustavo Guzmán Arteaga fuere el administrador de los bienes de la que en vida fue Emilia Arteaga Franco, no cumpliendo con lo que dispone el art. 687 del Cód. Pdto. Civ.

2) Que al fallecimiento de Emilia Arteaga Franco no existía ningún bien que se repute como hereditario, toda vez, que el inmueble ubicado sobre la calle Mamoré, entre la calle Tarija y Ejército lo compró Gustavo Guzmán Arteaga a Wálter Pedraza Saucedo, en dos transferencias una en 28 de julio de 1982 y la otra el 29 de marzo de 1983, siendo ambas inscritas en DD.RR. bajo la Ptda. Nº 407 y 408 del Libro de Propiedades de la Capital y Cercado de 12 de septiembre de 1987 (ver literales de fs. 15 a 20 y 53 a 57). El fundo rústico "Campo Grande" le fue transferido en compraventa por su madre Emilia Arteaga Franco vda. de Guzmán en 4 de marzo de 1987 e inscrito en DD.RR. bajo la Ptda. Nº 23 del Libro de Propiedades de la Provincia Moxos, de 5 de marzo de 1987; es decir diez años antes del fallecimiento de doña Emilia Arteaga Franco. En cuanto a los semovientes (ganado vacuno y caballar) que pastaban en el fundo rústico "Campo Grande", al fallecimiento de doña Emilia Arteaga Franco, no se ha probada la existencia de los mismos, simplemente se adjuntó como prueba el memorial de fs. 40 donde se solicita la reinscripción de su marca.

3) De toda la prueba literal aportada (fs. 5, 6, 15 a 20, 40, 41, 50, 53 a 57, 70, 71, 85 a 88, 93) se tiene que Emilia Arteaga Franco, en vida, era propietaria del fundo rústico "Campo Grande" y su ampliación, en una extensión de 2.854.0455 ha. donde pasta su ganado vacuno, siendo ella misma en persona quien dirigía y disponía de los bienes de su estancia, con la colaboración de sus hijos, Juan, Laura, Gustavo, Antonia y su marido Alejandro Bare (ver fs. 40, 83, 84 y 85). Cuando se enfermó se vino al pueblo para hacerse curar alojándose en la casa de su hijo Gustavo Guzmán Arteaga, ubicado sobre la calle Mamoré entre Tarija y Ejército y después de una larga enfermedad murió en 31 de octubre de 1997, sin dejar ningún bien, toda vez que en vida se había acabado su ganado en la curación de su enfermedad y haber vendido su estancia a su hijo Gustavo Guzmán Arteaga, diez años antes de su deceso, mediante escritura pública debidamente inscrita en DD.RR. bajo la Ptda. Nº 23 del Lib. de Propiedades de la Provincia Moxos, de 5 de marzo de 1987 años (ver escritura de transferencia de fs. 19 a 20, 53 a 57); documentos éstos que tienen todo el valor probatorio que les asigna los arts. 1287, 1289 del Cód. Civ. y 399, 400 de su Procedimiento.

4) De la confesión provocada de Gustavo Guzmán Arteaga de fs. 48 a 49 de obrados, el demandado sostiene que nunca fue administrador de la estancia "Campo Grande" de su madre, donde tenía un ganadito en el número de 150 cabezas y que ella fue vendiendo poco a poco para los gastos y su enfermedad que duró muchos años; así como las inundaciones lo terminaron (ganado) y él tuvo que mantenerla durante su enfermedad hasta su muerte, en la casa que compró a Wálter Pedraza Saucedo, ubicada sobre la calle Mamoré, agrega diciendo que el ganadito de su madre se veía más, porque se juntaba con el de él y de sus hermanos que pastaban en el mismo campo (estancia "Campo Grande").

5) De la testifical con la previsión de los arts. 1327 y 1330 del Cód. Civ. y 476 de su Procedimiento, se llega a evidenciar que las declaraciones de Doris Chávez Ribera de Arteaga, Elda Chávez de Antequera, de fs. 61 a 63, simplemente son referenciales puesto que se basan en suposiciones. La de Pablo Ribera Diez de fs. 83 a 84, es clara al manifestar que doña Emilia Arteaga Franco vda. de Guzmán poseía unas 1.000 cabezas de ganado vacuno y que ella en persona administraba su estancia ya que vivía ahí y lo hacía en colaboración conjuntamente sus hijos Gustavo, su hermana Antonia y su marido Alejandro Bare y que primero le ayudaba a administrar su hijo Juan. Cuando doña Emilia se enfermó de los ojos (porque esta era la enfermedad que tenía ya que posteriormente se quedó ciega) se vino al pueblo para hacerse curar, su ganado empezó a disminuir y murió sin ninguna cabeza de ganado. Esto ocurrió en los últimos tres o cuatro años de su muerte. No constándole que Gustavo Guzmán Arteaga dispusiera del ganado de su madre, pero por comentarios de los vecinos se supo que los estaba vendiendo y como doña Emilia también disponía, seguramente le diría que venda, pero no sabe hasta que punto. También conoce que Gustavo Guzmán Arteaga tenía en la estancia "Campo Grande" un ganadito al partir. En cuanto a las testificales de descargo de Dora Chávez Ortiz de Pedraza, Enrique Moreno Pedriel y Ernesto Arce Ortiz de fs. 75 a 80, son uniformes al afirmar que doña Emilia Arteaga Franco vda. de Guzmán tenía un ganadito en la cantidad de 150 a 200 cabezas y que ella sola manejaba y disponía de sus bienes ya que estaba en pleno uso de sus facultades mentales; también conocen que Gustavo Guzmán Arteaga tenía en la estancia "Campo Grande" un ganadito al partir, así como también sus hermanos tenían su ganadito y en el tiempo de agua todo se juntaba. De donde se infiere que Gustavo Guzmán Arteaga no era el administrador de los bienes de su madre Emilia Arteaga vda. de Guzmán, sino que ayudaba a su madre conjuntamente con sus otros hijos.

6) De toda la prueba examinada tanto de cargo como de descargo, se tiene que la parte demandante no ha demostrado los puntos de hecho fijados mediante auto de fs. 35 vta., no cumpliendo con lo dispuesto por los arts. 1283 del Cód. Civ. y 375-1) de su Procedimiento; así como tampoco ha sido probado el derecho de exigir la rendición de cuentas de acuerdo por lo previsto por el art. 687 del Cód. Pdto. Civ.

CONSIDERANDO: Que de todo lo relacionado no procede acoger la demanda ya que no se ha cumplido con todos los presupuestos procesales y pretensiones materiales por parte de la actora.

POR TANTO: Basándose en los fundamentos expuestos, NO HA LUGAR a la demanda de fs. 8 vta. de obrados, con costas de acuerdo al art. 198-1) del Cód. Pdto. Civ.

Regístrese y comuníquese.

Fdo.- Dr. Gilberto Adad Suárez.- Juez 3º de Partido en lo Civil.

Ante mí: Willy A. Vargas Suárez.- Secretario.

AUTO DE VISTA

Beni, 20 de octubre de 1999.

VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por Amalia Guzmán Arteaga pidiendo nulidad de la sentencia dictada dentro del proceso ordinario de rendición de cuentas, seguido contra Gustavo Guzmán Arteaga y la contestación del mismo; y

CONSIDERANDO: Que la apelante fundamenta su recurso con el argumento de que el juez dictó la Sentencia Nº 17/99 después de vencido el plazo establecido en el art. 208 del Cód. Pdto. Civ., es decir pasados los cuarenta días, expresando que el plazo se venció el 25 de julio de 1999 y la sentencia fue registrada en el libro de Tomas de Razón en 12 de agosto de los corrientes y que por algún error la sentencia lleva la fecha 20 de julio del año en curso y pide al tribunal de alzada anule la referida sentencia.

CONSIDERANDO: 1) Que el registro de la sentencia en el libro de Tomás de Razón es un acto administrativo a cargo del auxiliar del juzgado que no tiene nada que ver con la fecha de la sentencia.

2) Que el auxiliar haya registrado la sentencia después de veintitrés días, no constituye un elemento de convicción que acredite que ésta fue dictada el 12 de agosto y no el 20 de julio de los corrientes, habida cuenta que la apelante no ha demostrado el error que acusa; lo que sí se ha verificado es una manifiesta irresponsabilidad y negligencia del funcionario, quien tampoco cumplió con su obligación de notificar con la copia de la sentencia a la actora -porque se supone que se sacan copias de todas las resoluciones, más aún que en la actualidad se cuenta con sistema de computación- notificación que debería haberse hecho de oficio, en el domicilio procesal señalado en el memorial de demanda en el plazo máximo de veinticuatro horas en cumplimiento del art. 2 del Cód. Pdto. Civ.; y no a los treinta y un días, porque no existe norma legal que disponga que la notificación con la sentencia se la realice después que haya sido registrada, teniendo en cuenta que el registro sólo tiene por objeto dejar constancia de las resoluciones que se dictan en los procesos, ante una eventual pérdida de expediente.

CONSIDERANDO: Que de la revisión de antecedentes se infiere que la Sentencia Nº 17/99 de 20 de julio del año en curso, a sido dictada dentro de los cuarenta días señalados por el art. 208 del Pdto. Civ., cómputo que se ha hecho descontando los días de la vacación judicial, es decir que la sentencia se dictó a los treinta y dos días.

Que en tal mérito se define que el juez a quo, ha dictado la sentencia dentro del plazo previsto en el art. 208 del citado Procedimiento, consiguientemente no existe ninguna violación de norma procesal de cumplimiento obligatorio. Se extraña que el secretario del juzgado no haya consignado mediante la nota respectiva, la fecha del comienzo y terminación de la vacación judicial, la misma que fue fijada del 22 de junio al 16 de julio inclusive.

POR TANTO: Se CONFIRMA la sentencia de fs. 117 a 120 y no ha lugar su nulidad por habérsela dictado dentro del término previsto e impone costas a la apelante en ambas instancias. Se determina responsabilidad contra el secretario y auxiliar del juzgado, Willy A. Vargas Suárez y Carlos Alberto Eguez Añez, multándose con Bs. 25.- a cada uno, monto que deberá hacerse efectivo de sus haberes.

Se recomienda al Juez 3º de Partido en lo Civil Dr. Gilberto Adad Suárez, ejercer mayor control sobre sus funcionarios para que éstos cumplan con sus obligaciones y así evitar la demora en la tramitación de los procesos.

No intervienen los vocales Drs. Hugo Mercado Mendoza y Carlos Fernando Vargas Salinas por haber sido declaradas legales sus excusas.

Vocal relatora: Dra. Lourdes Velasco de Caballero.

Regístrese.

Fdo.- Drs.: Lourdes Velasco de Caballero.- Mirna Núñez Vela Añez.

Ante mí: Dra. Carla Cecilia Ortiz Quezada.- Secretaria de Cámara.

AUTO SUPREMO

VISTOS: El recurso de nulidad (sic) deducido en folio 145 y vta., por Amalia Guzmán Arteaga en contra del auto de vista de folios 140-141 y vta., pronunciado en 20 de octubre de 1999, por la Sala Civil de la R. Corte Superior del Distrito Judicial del Beni en el proceso ordinario sobre rendición de cuentas seguido a instancia de la recurrente en contra de Gustavo Guzmán Arteaga, los antecedentes procesales, el auto concesivo; y

RESULTANDO: Que la Corte de alzada confirma la sentencia y desestima la nulidad de la sentencia solicitada con apoyo del art. 204-I-1) del Cód. Pdto. Civ. La apelante y perdidosa en la instancia, recurre en casación afirmando que el auto de vista ha violado los arts. 15 de la L.O.J., 208 y 236 del Cód. Pdto. Civ., sosteniendo para ello que la sentencia fue registrada en 12 de agosto de 1999 y notificada el 20 del mismo mes y año, resultando improbable que haya sido pronunciada en 20 de julio, tenida cuenta de que el proceso entró para ese fin, a despacho, el 21 de mayo.

CONSIDERANDO: Los datos que arroja el cuaderno procesal, cuya veracidad no ha sido desvirtuada, sirve de base para que el tribunal de apelación encuentre dentro del plazo la sentencia pronunciada y repulse la aplicación del art. 208 del Cód. Pdto. Civ. A este fin, precisamente, ha revisado el expediente con la facultad de fiscalización que le otorga el art. 15 de la L.O.J. y no ha encontrado infracción procesal que amerite nulidad. La presunción et homine de la recurrente, no es asidero legal como para determinar una nulidad, dada la fe pública judicial que entraña la fecha de la sentencia, fecha que es autónoma de actuaciones procesales ulteriores como la notificación y el registro, máxime si este último puede ser realizado conforme dispone el art. 787 del Cód. Pdto. Civ. Finalmente, no hay nulidad si ella no está precisada en texto legal, anota el parág. I) del art. 251 del Cód. Pdto. Civ., por lo que sólo la "falta de sorteo" es causa de nulidad como determina el art. 74 de la L.O.J., actuación que no se da en el caso de autos.

Toda infracción de norma procesal, debe acreditarse mediante infolios, sin que sea suficiente una acusación desprovista de evidencias que respalden un aserto, supuesto que, el recurrente debe demostrar en qué consiste la infracción y cuál la prueba de ésta.

POR TANTO: La Sala Civil Primera de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, declara INFUNDADO el recurso de nulidad con apoyo del art. 273 del Cód. Pdto. Civ., con costas.

Se regula el honorario de abogado en la suma de Bs. 1.000.-, cuya efectividad mandará el tribunal ad quem.

Relator: Ministro Dr. Kenny Prieto Melgarejo.

Regístrese y devuélvase.

Fdo.- Dr. Kenny Prieto Melgarejo.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Sucre, 17 de enero de 2000.

Proveído: Dr. Víctor Sánchez Sea.- Secretario de Cámara, en suplencia legal.

AUTO SUPREMO N:158/2009

FECHA AUTO:2009-06-23

SALA CIVIL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 158 Sucre, 23 de junio de 2009 

DISTRITO: Oruro PROCESO: Ordinario-Nulidad de 

subincripción y otro. 

PARTES: Félix García Castellón y otros c/ Asociación de Jubilados Ferroviarios y Ramas Anexas. 

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano

VISTOS: El recurso de casación y nulidad de fs. 427-429, interpuesto por Armando Ortiz Pozo, Edmundo Nina Bulacios y Jesús Guzmán Egüez, miembros de la Asociación de Jubilados Ferroviarios de Oruro, contra el auto de vista Nº 102/2008 de 18 de junio cursante a fs. 411-415, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, en el proceso ordinario de nulidad de subincripción y consiguiente reconocimiento de mejor derecho propietario seguido por Félix García Castellón, Marcial Villarroel Sánchez, Francisca Téllez Delgado, Severo Gutiérrez Mamani, Felipa Beltrán Condarco de Condori, Rilma Sonia Fuentes Soliz, Sara Guzmán Quiroga de Soria, Escolástica Mallcu Aguilar, Martha Janett Lizarazu Aguilar de Mejía, Andrés Hernán Villarroel Toro y Maida Arminda Villarroel Toro, contra la Asociación de Jubilados Ferroviarios y Ramas Anexas, la respuesta de fs. 435-436, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, el Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Oruro, emitió la sentencia Nº 224/08 de 5 de abril del 2008 cursante a fs. 367-378 vta., declarando probada en parte la demanda de fs. 58-60, ratificada a fs. 65 y aclarada a fs. 124 vta. y 131 de obrados y las excepciones perentorias de falta de acción y derecho e improcedencia opuestas por la parte actora en contra de la demanda reconvencional, e improbada la demanda respecto a la rendición de cuentas de todas las sumas percibidas por concepto de alquileres del bien inmueble ubicado en la calle 6 de Octubre esquina Junín de la ciudad de Oruro, para su entrega a la parte demandante y el libramiento del mandamiento de desapoderamiento del indicado bien inmueble en contra de la institución demandada en las personas de sus representantes. Asimismo, se declara improbada la demanda reconvencional interpuesta por la parte demandada en el otrosí del memorial de fs. 138-139. Sin costas por tratarse de proceso doble, de conformidad al art. 198-III del Cód. Pdto. Civ.; disponiendo: 1.- La nulidad del proceso judicial de subinscripción en la oficina de Derechos Reales de aclaración de superficie, colindancias y usos, del bien inmueble registrado bajo la Partida Nº 132 del Libro de Propiedades Capital de 1957, sustanciado en el Juzgado 4º de Instrucción en lo Civil de la Capital, ingresado en Secretaria de Cámara bajo la Partida Nº 4081 del Libro respectivo de la Corte Superior de Distrito Judicial del año 2004. 2.- La cancelación por ante la oficina de Derechos Reales del Distrito Judicial de Oruro, de la Matrícula Nº 4.01.1.01.0008087 con trámite Nº 46849, Asiento A-1 de 2 de marzo de 2005. 3.- Se ordena por ante las oficinas de Derechos Reales de Oruro, la reposición de la Partida Nº 132 del Libro de Propiedades Capital de 1957. 4.- Se dispone por ante la oficina de Derechos Reales la inscripción de la Escritura Pública Nº 183 de 26 de enero de 2005, extendida por ante la Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº 10 a cargo de la Dra. Norka Rocha Orozco. 5.- Se condena a la Asociación de Jubilados Ferroviarios y Ramas Anexas de Oruro, entidad demandada en la presente causa, al pago de daños y perjuicios en favor de la parte actora, averiguables en ejecución de sentencia. Disponiendo asimismo que para la ejecución y cumplimiento de la sentencia se libren las respectivas ejecutoriales de ley, con las formalidades de rigor. 

Que, en grado de apelación deducida por la entidad demandada, mediante auto de vista Nº 102/2008 de 18 de junio cursante a fs. 411-415, se confirma la sentencia de fs. 367-378 y vta., de obrados de fecha 5 de abril de 2008. Con costas en ambas instancias.

Que, contra la mencionada resolución de vista, Armando Ortiz Pozo, Edmundo Nina Bulacios, Jesús Guzmán Egüez, invocando el amparo de los arts.253 incs. 1), 2), 3) y 254 inc. 4) del Cód. Pdto. Civ., interponen el recurso de casación y nulidad de fs. 427-429, acusando de manera genérica la violación de los arts. 7-1) y 22 de la C.P.E., aplicación incorrecta del art. 5 de la L.O.J., violación e interpretación errónea del art. 105 del Cód. Civ., violación e interpretación errónea de los arts. 1, 9, 10, 14, 15, de la Ley de 15 de noviembre de 1887 y la interpretación errónea del art. 42 del D.S. Nº 27957, solicitando que la Corte Suprema de Justicia, conforme los arts. 274 y 275 del Pdto. Civ., dicte resolución "casando y anulando" el "auto de vista" Nº 102/08 emitido por la Sala civil Segunda de la Corte Superior de Oruro y "la sentencia" de primera instancia emitida por el Juez de Partido Tercero en materia civil y deliberando en el fondo, determine subsistente el derecho propietario de la Asociación de Jubilados Ferroviarios sobre el inmueble ubicado en la calle Junín esquina 6 de octubre de la ciudad de Oruro, registrado bajo las Matrículas Nos. 4.01.1.01.0006901 y 4.01.1.01.0008086 correspondientes a su inscripción y aclaración. Sea conforme a derecho.

CONSIDERANDO II: Que, conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de casación es una nueva demanda de puro derecho que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258-2) del Cód. Pdto. Civ., sea que se plantee en la forma, en el fondo o en ambos efectos a la vez, procediendo el recurso de casación en la forma, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso y, a su vez, el recurso de casación en el fondo, cuando el juez o tribunal de apelación haya emitido una sentencia o auto de vista violando, interpretando erróneamente o aplicando indebidamente la ley, así como, cuando ha incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, conforme establecen los arts. 250, 253 y 254 del Cód. Pdto. Civ., es decir, en la forma, por errores in procedendo que dan lugar a la nulidad del proceso y en el fondo, por errores in judicando, que motivan la invalidación de la resolución dictada con infracción de la ley sustantiva, no siendo suficiente, en ambos casos, la simple cita de disposiciones legales, sino fundamentar en qué consiste la infracción y precisar cuál la correcta aplicación de la norma cuya infracción se acusa.

Que, el recurso de la especie no se ajusta a la técnica recursiva que exige esta acción extraordinaria, en la que si bien los recurrentes dicen plantear el recurso de casación y nulidad amparados en los arts. 253 incs. 1), 2) y 3) y 254 inc. 4), sin embargo, en lo que afectaría el fondo de la resolución, omiten especificar en qué consiste la violación, falsedad o error de las disposiciones legales en que se sustenta el fallo recurrido, cuales son las disposiciones contradictorias que contiene y finalmente cuál el error de hecho o de derecho en que hubiera incurrido el Tribunal de alzada en la valoración de la prueba aportada en el proceso, por una parte, y por otra, en lo que concierne a la forma, tampoco precisa de qué manera se habría otorgado más de lo pedido por la parte actora o sobre qué pretensión deducida y reclamada oportunamente en los tribunales inferiores por los recurrentes no se hubiere pronunciado el ad quem, es más, en un desconocimiento total de la finalidad y el objeto del recurso extraordinario de casación que franquea el art. 250 del Cód. Pdto. Civ., cuál es la impugnación de la resolución de alzada, sea que se plantee en el fondo o en la forma, pretende también la "casación y anulación" simultánea del auto de vista y de la sentencia de primera instancia que ya fue impugnada a través del recurso ordinario de apelación, lo que resulta inadmisible por no adecuarse a las formas de resolución expresamente previstas en el art. 271 del Cód. Pdto. Civ.

Sin embargo de tan deficiente formulación, de la que devendría en improcedente la acción intentada, es preciso dejar establecido:

Que la sentencia de primera instancia en correspondencia a la demanda de los actores, conforme la fundamentación detallada que contiene a fs. 375-378, declara la nulidad del proceso judicial de subinscripción en la oficina de Derechos Reales de aclaración de superficie, colindancias y usos, del bien inmueble registrado bajo la Partida Nº 132 del Libro de Propiedades Capital de 1957, sustanciado por la entidad demandada en el Juzgado 4º de Instrucción en lo Civil de Oruro, en razón de que dicha autoridad judicial carecía de competencia para conocer y tramitar la referida causa incurriendo en la nulidad prevista por el art. 31 de la C.P.E. y 30 de la L.O.J., siendo de competencia exclusiva del Juez de Partido conforme la previsión del art. 42 del Reglamento y Modificación y Actualización de la Ley de Inscripción en Derechos Reales D.S Nº 27957 de 24 de diciembre de 2004. Disponiendo la inscripción en DD.RR. de la Escritura Pública Nº 183 de 26 de enero de 2005 de fs. 3-6, extendida ante la Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº 10 a cargo de la Dra. Norka Rocha Orozco, emergente de la adjudicación judicial en acto de subasta pública del inmueble objeto de litis, dentro del proceso ordinario de devolución de dineros, que iniciaron los actores con anterioridad ante el Juzgado de Partido Segundo en lo Civil de la Capital, contra la Caja Social de Protección al Derecho de Jubilación de la Federación Ferroviaria Nacional Red Occidental, acción dentro la cual se declaró, además, improbada la tercería de dominio excluyente opuesta por los hoy demandados.

Que, en el memorial del recurso los recurrentes se limitan a realizar una extensa exposición de hechos no probados en el curso del proceso, alegando un derecho propietario que afirman deviene del proceso de reorganización sindical en el que la Confederación de Ferroviarios y Ramas Afines, por mandato de las bases y con conocimiento del Ministerio del Trabajo como órgano gubernamental rector, tomó posesión de todos los bienes patrimoniales de las entidades sindicales de base, que por el proceso de capitalización de ENFE, desaparecieron del ámbito sindical, bienes entre los que se encontraba el edificio de la ex Federación del FFCC. Antofagasta a Bolivia, transferido a la Asociación de Jubilados Ferroviarios de Oruro por la Confederación de Trabajadores Ferroviarios, LAB, AASANA, Jubilados, y Ramas Afines (ante su eventual remate que finalmente aconteció); entidad que habiéndose posesionado legalmente -dicen- por mandato del Juzgado de Instrucción 4º en lo Civil y luego con las facultades inherentes, inscribió su derecho propietario ante Derechos Reales procediendo posteriormente a realizar una subinscripción relacionada con las colindancias y la superficie del inmueble.

Que, las mencionadas argumentaciones antes de enervar los extremos de la demanda corroboran los hechos valorados por los jueces de grado con la facultad privativa incensurable en casación contenida en el art. 1286 del Cód. Civ. y 397 de su Procedimiento, por cuanto los recurrentes confiesan espontáneamente haber tramitado la inscripción y subinscripción de aclaración de superficie, colindancias y usos del bien inmueble registrado bajo la Partida Nº 132 del Libro de Propiedad Capital de 1957, ante el Juez Instructor 4º en lo civil, sin señalar cuál de las disposiciones contenidas en la Ley de 15 de noviembre de 1887 de Inscripción en DD.RR., o del DD.SS. Nº 27957 Reglamento Modificación y Actualización a la Ley de Inscripción de DD.RR., les facultan y otorgan a los Jueces de Instrucción en lo civil competencia para conocer de dicho trámite. Antecedente en cuyo marco resulta impertinente la cita de los arts. 1, 9, 10, 14, 15, de la Ley de 15 de noviembre de 1887, que si bien están referidos a la inscripción y publicidad de los derechos reales, sin embargo, la inscripción no es constitutiva del derecho de propiedad como equivocadamente alegan los recurrentes sobre el inmueble sito en la calle 6 de octubre esquina Junín de la ciudad de Oruro, resultando igualmente impertinente la cita de los arts. 105 del Cód. Civ. y 7-i) y 22 de la C.P.E.

Consiguientemente, no siendo evidentes las infracciones acusadas corresponde resolver el recurso dando aplicación a los arts. 271-2) y 273 del Cód. Pdto. Civ.

POR TANTO: La Sala Civil Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aplicación del art. 58 numeral 1 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de fs. 427-429. Con costas.

Se regula el honorario de abogado en la suma de Bs. 500.- que mandará pagar el Tribunal ad quem.

Para sorteo y resolución interviene el Señor Ministro Dr. Julio Ortiz Linares, de la Sala Civil Segunda, convocado a conformar sala mediante proveído de fs. 457 a 459 vta.

MINISTRA RELATORA Dra. Rosario Canedo Justiniano. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado : Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Proveído : Sucre,23 de junio de 2009 .

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Primera